Con manos temblorosas y corazones valientes
MUJERES DEL DESIERTO: EL ECO DE LAS VOCES OLVIDADAS EN ATACAMA
Por Leslie Rivadeneira.
El vasto y desolado paisaje del desierto de Atacama, en el norte de Chile, no es solo el lugar más árido del mundo, sino también un espacio cargado de simbolismo y memoria histórica. Su inmensidad contrasta con las historias humanas que allí se esconden. En estas tierras inhóspitas, se libró una de las batallas más conmovedoras y persistentes contra el olvido y la injusticia; la búsqueda incansable de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.
En este rincón del mundo, un grupo de mujeres desafió las leyes no solo de la geografía, sino también de un sistema que buscaba invisibilizar sus dolores. Antofagasta, Calama, Tocopilla y otras localidades del norte chileno se convirtieron en el epicentro de una lucha que, décadas después, sigue resonando. Son las “buscadoras”, mujeres que, con sin formación previa en derechos humanos ni activismo político, impulsadas por el amor a sus familiares y el deseo de conocer la verdad, decidieron desafiar la opresión en búsqueda de las respuestas que el Estado les negó.
La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) no solo dejó cicatrices en la sociedad chilena, sino también transformó la geografía del país con un saldo devastador. De acuerdo con las distintas Comisiones de Verdad, la cifra total de víctimas calificadas oficialmente es de 40 mil 175 personas, incluyendo ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y víctimas de prisión política y tortura.
El operativo militar, conocido como la “Caravana de la Muerte”, ejemplifica la brutalidad del régimen militar. Encabezado por el general Sergio Arellano Stark, este recorrido dejó un rastro de ejecuciones sumarias en varias ciudades del norte del país entre los meses de septiembre y octubre de 1973.
Las víctimas, en su mayoría jóvenes sindicalistas, profesores y obreros, fueron detenidos arbitrariamente, sometidos a torturas y ejecuciones. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en Antofagasta (14) y Calama (26), el 19 de octubre fueron asesinadas 40 personas; dos de ellas permanecen desaparecidas.
Al día siguiente se informó por la prensa que los 26 detenidos murieron en manos del personal militar que los trasladaba a la cárcel de Antofagasta. El régimen justificó los asesinatos con un supuesto “intento de fuga”. Los restos de las víctimas no fueron entregados a sus familias, iniciando así el camino de estas mujeres, marcado por constantes rumores y pistas fragmentadas que las guiaban hacia lugares solitarios en busca de respuestas.
Con las manos en la tierra
Las primeras expediciones comenzaron con indicios difusos. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) se formó en noviembre de 1974. Antes de su formalización, los familiares se organizaban de manera individual, visitando comisarias, hospitales y morgues en busca de información sobre sus seres queridos.
Sin mapas ni herramientas, con manos temblorosas, estas mujeres se adentraron en el desierto, motivadas únicamente por la esperanza. Violeta Berríos, una de las defensoras de los derechos humanos más emblemáticas de la región, describe con detalles vívidos las primeras expediciones en el desierto: “Siempre se decía que en tal parte podrían estar, y nosotros íbamos a esos lugares a confirmar si podíamos encontrar algo. Empezamos por la ribera del río Loa a buscar. En un año, en los ochentitanto (sic), hicimos la primera excavación ahí, en el Topater, donde está el Cristo”.
A medida que las buscadoras avanzaban, se encontraban con un sistema judicial que parecía obstaculizar su camino. La promesa de justicia se ve empañada por la falta de voluntad política, lo que intensifica la frustración de las familias.
La magnitud del territorio, las condiciones climáticas extremas y la falta de recursos técnicos y financieros dificultan las excavaciones profundas y sistemáticas.
Un sistema que cierra puertas
Paola Tognola, hija del médico Claudio Tognola Ríos, desaparecido en 1983, destaca el papel crucial de las organizaciones autónomas en sostener esta lucha. Sin embargo, también subraya la falta de respuestas claras y las irregularidades en el manejo de hallazgos.
Un informe del Servicio Médico Legal (SML), detalló la existencia de osamentas y fragmentos óseos mantenidos en custodia en diversas sedes del país. Pese a la existencia de la Ley 20.405, promulgada en 2009, la cual creó el INDH, las familias enfrentan múltiples barreras para acceder a la justicia.
Esta ley fue concebida con el objetivo de promover y proteger los derechos fundamentales de las personas a través de la supervisión, investigación y difusión. Sin embargo, a pesar de su marco legal, los procesos judiciales relaciones con crímenes de la dictadura han sido lentos.
Investigaciones del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de la Universidad de Chile, señalan la falta de voluntad política y la lentitud judicial como los principales obstáculos.
Cabe recalcar que los peritajes solo pueden realizarse bajo la orden de un tribunal que determine si se trata de restos de interés médico legal.
Recién en abril de este año, el SML logró reafirmar que en sus departamentos se mantenían en custodia un total de 1.162 restos que debían ser periciados para establecer si pertenecían o no a personas detenidas desaparecidas o ejecutados, cuyos restos no fueron entregados a sus familiares.
Las experiencias vividas no solo afectan su bienestar, sino que también repercuten en sus familias. El duelo se convierte en un proceso interminable, marcado por la incertidumbre y el deseo de cerrar heridas que por décadas han permanecido abiertas.
El duelo eterno
El camino de estas mujeres no solo las enfrenta al desierto físico, sino también a un desierto emocional. Según el psicólogo José Olivares, quien ha trabajo con la Agrupación de Familiares de Víctimas de Tocopilla, la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos y la desconfianza hacia el Estado perpetúan la sensación de abandono y revictimización.
Así lo corrobora Angela Sanhueza, hija de Manuel Muñoz, quien advierte que “fueron muchos años de enojo, de no entender, de querer enjuiciar a la gente o a los que mataron a nuestros familiares o de ir a hablar con ellos y que te nieguen en tu cara (…) ese famoso y ridículo pacto de silencio que tienen y se mueren, es terrible”.
La ausencia de respuestas claras por parte del Estado, sumada al pacto de silencio y la persistente impunidad, alimenta el malestar emocional, perpetuando la sensación de revictimización y, sobre todo, de abandono.
Fabiola Mutarello, quien busca a su padre Vitalio desde 1973, lo resume con dolor: “yo decidí buscar a mi papá. Empecé a gestionar con mi mamá las idas al desierto (…) La búsqueda comenzó con caminatas, caminatas y caminatas y llegar la casa sin nada, llegaba en muy mal estado emocional (…) Si a mi papá a mí no me lo buscan, yo lo busco”. Lorena Hoyos, hija de José Rolando Hoyos Salazar, asesinado en 1973, recuerda su primera experiencia en contacto con el horror. “Tenía ocho o nueve años cuando llega una vecina a mi casa a decirme que a mi papá lo habían matado, me acuerdo de que me lo dijo y me fui, me desmayé”.
El psicólogo Olivares, subraya la importancia de reconocer el derecho al tiempo en estos procesos. Las demandas de avanzar rápidamente o superar el dolor no consideran que estas luchas son “duelos imposibles” en los que la falta de un cierre aumenta el impacto emocional y también denota en un abandono a la vida.
El dolor individual de cada buscadora se entrelaza con una trama familiar más amplia, creando una herida transgeneracional que marca la vida de sus descendientes. En ese momento, Hernán Rodríguez entra caminando a la sala y se detiene frente a mí.
-«Soy hijo de Alejandro Rodríguez y la ex buscadora Norma Estay», me dice. «Al momento del golpe militar yo tenía 11 años».
Muchos niños sufrieron las consecuencias de la persecución de sus familias.
La dictadura desestructuró familias enteras, dejando jóvenes huérfanos o separados de sus padres debido a las detenciones, lo que generó un fenómeno conocido como “orfandad suspendida”, donde los niños experimentan una pérdida significativa sin tener claridad sobre el destino de sus padres.
“Aunque había certeza de que los habían matado, siempre se nos hizo creer otra cosa. Nos decían que se habían ido, que estaban en países de la órbita socialista”, recuerda Hernán.
El dolor de la desaparición forzada no se limita a la generación que lo vivió directamente. Es un legado que se transmite de padres a hijos, dejando una huella imborrable en la mente. Los hijos de desaparecidos crecen en un ambiente marcado por la ausencia, la incertidumbre y el miedo.
Las siguientes generaciones, los nietos, también cargan con el peso de esta historia. Aunque no hayan vivido directamente la dictadura, heredan las heridas de sus antepasados. Muchos de ellos sienten la necesidad de conocer la verdad sobre lo sucedido, de recuperar la historia familiar que les fue arrebatada.
Sin embargo, hay otros que no lo ven de la misma manera. Miriam Gutiérrez, integrante del Sitio de Memoria Histórica La Providencia, confió que mantendría contacto con el nieto de Nesko Teodorovic, asesinado por militares en 1973. A pesar de la cercanía familiar, el joven ha preferido mantener cierta distancia emocional respecto al tema. No obstante, es interesante observar cómo paralelamente, nuevas generaciones, se están sumando a la búsqueda de justicia, no solo por los desaparecidos de la dictadura, sino también por aquellos que siguen siendo víctimas de la violencia estatal en la actualidad.
Ecos de resistencia en América Latina
El movimiento de las buscadoras en Chile se enmarca en un contexto regional donde las desapariciones forzadas han sido una práctica común durante las dictaduras en Latinoamérica. Este fenómeno, caracterizado por el abuso de poder y la vulneración de derechos humanos fundamentales, muestra un paralelismo significativo con casos de otros países como el de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina.
Este es un movimiento de madres y familiares que surgió durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983). Durante esta dictadura, el gobierno militar implementó un plan para eliminar a quienes consideraban “subversivos”. Se calcula que hubo entre 9.000 y 30.000 desaparecidos. En 1977, un grupo de madres cuyos hijos habían desaparecido comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para reclamar información sobre sus seres queridos.
En casos actuales, el régimen de Nicolás Maduro fue acusado de llevar a cabo prácticas de desaparición forzada de opositores políticos y activistas. En Colombia, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha identificado más de 111.000 casos hasta marzo de 2024.
Estos movimientos resaltan el patrón regional donde las familias se agrupan para enfrentar el dolor compartido y buscar justicia, mostrando que la lucha por los derechos humanos sigue siendo una prioridad en América Latina.
Human Right Watch (HRW) destaca que la desaparición forzada es un delito continuo en la región latinoamericana, que causa sufrimiento al desconocer el paradero de las víctimas. Este fenómeno es parte de una estrategia utilizada por los gobiernos para controlar a la población, buscando desestabilizar y aterrorizar, afectando no solo a los desaparecidos, sino también a sus familias y comunidades.
En medio de estas sensaciones, estas familias han encontrado en su dolor una fuerza transformadora. Han forjado redes de apoyo y resistencia que desafían la impunidad.
La memoria colectiva y el reconocimiento del sufrimiento son fundamentales para enfrentar el olvido. En este sentido, estas mujeres no solo buscan cuerpos; buscan mantener viva la historia de quienes han sido víctimas del terrorismo estatal.
Este miedo ha sido el motor que las impulsa a seguir adelante, aún en medio de la adversidad. La determinación de estas mujeres se manifiesta en los testimonios de otras buscadoras, como Teresa Berríos, compañera de Carlos Piñero Lucero.
“Nosotras no celebramos, recordamos su historia. Me encantaría decirles a los jóvenes que, si vamos a luchar, luchemos correctamente, luchemos por lo que queremos, así como lucharon tantos que se murieron, tantos que mataron y que no sirvió de nada”, reflexiona.
En 2022, el Estado chileno declaró el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, uno más de los avances simbólicos, pero insuficientes. Diversos artículos como “La presencia de los ausentes”, “El cuerpo en acción”, entre otros, reflejan un consenso sobre que, aunque los gestos simbólicos son importantes para mantener viva la memoria, son considerados insuficientes sin un compromiso por parte del Estado para abordar las demandas de las familias.
La lucha por un futuro mejor
El legado de las mujeres buscadoras en la segunda región de Chile, especialmente en el desierto de Atacama, es un testimonio poderoso de resistencia y lucha. Su impacto social se manifiesta no solo en la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos, sino también en su papel activo como defensor de derechos humanos y promotoras de la memoria colectiva.
Las buscadoras han sido fundamentales en la visibilización del dolor. En un informe titulado “Buscar Sin Miedo”, se destaca que estas mujeres enfrentan riesgos significativos, incluyendo amenazas y violencia, mientras continúan su labor. Resaltando cómo su trabajo es un acto de resistencia contra la impunidad sistemática que sufren muchas defensoras de derechos humanos en América Latina.
Además, estudios indican que el 70% de las mujeres involucradas en estas búsquedas han experimentado violencia en sus comunidades, lo que subraya el contexto adverso en el que operan. Y, a pesar de esto, su perseverancia ha sido crucial.
La lucha por la verdad y justicia no solo se limita al ámbito local; tiene repercusiones a nivel nacional e internacional.
Investigaciones recientes muestran que el 60% de las familias afectadas por desapariciones forzadas en Chile han encontrado apoyo en organizaciones lideradas por mujeres, lo que demuestra su rol central en estos procesos. Su trabajo ha llevado un reconocimiento más amplio del impacto del terrorismo estatal durante la dictadura chilena, contribuyendo así a una mayor conciencia sobre los derechos humanos.
La esperanza florece en el desierto
A pesar de las investigaciones y los juicios realizados, gran parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos permanecen impunes. La falta de castigo a los responsables directos e indirectos, la prescripción de algunos delitos y la dificultad de encontrar pruebas contundentes han sido obstáculos significativos en el camino hacia la justicia.
La voluntad política para avanzar en la investigación y sanción de los crímenes de la dictadura ha fluctuado a lo largo de los años. Gobiernos sucesivos han mostrado distintos niveles de compromiso con esta causa. En consecuencia, las familias han sido revictimizadas en el proceso.
Es fundamental entender que su lucha no es solo por el pasado, sino también por el futuro. En un país donde las heridas pasadas aún están presentes, el trabajo de estas mujeres es un recordatorio constante de que la búsqueda de verdad y justicia es una responsabilidad colectiva.
La búsqueda de justicia por los desaparecidos es una lucha continúa hasta el día de hoy, si bien se han logrado algunos avances, aún queda mucho por hacer. Es importante que el Estado chileno asuma responsabilidad y garantice el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sus familiares. Asimismo, es necesario fortalecer las instituciones encargadas de investigar y sanciones los crímenes de lesa humanidad y promover una cultura de derechos humanos que permita prevenir nuevas violaciones.
Así, al mirar hacia adelante, es crucial apoyar y amplificar las voces de las mujeres del desierto; quienes nos enseñan que el camino hacia la justicia puede ser largo y difícil, pero en la constante excavación, cada paso cuenta. En su caminar por el desierto nos muestran que incluso en los lugares más inhóspitos, la esperanza puede florecer, pero ¿estamos dispuestos como sociedad a caminar junto a ellas?